por Cecilia Treviño
En 2019, México se convirtió en el primer país latinoamericano en adoptar una Política Exterior Feminista (PEF) con el “propósito de transversalizar una perspectiva de género en todas las áreas de su política exterior”. Desde entonces, más países latinoamericanos, incluyendo Colombia y Chile, han anunciado sus intenciones de adoptar una PEF. Ante esta coyuntura es crucial cuestionarnos ¿qué tipo de Política Exterior Feminista se requiere para progresar en un contexto tradicionalmente patriarcal en América Latina?
Una de las críticas que recibió inicialmente la PEF mexicana fue que debido a nuestro contexto como país en vías de desarrollo no contamos con la infraestructura blanda, recursos humanos y financieros, necesaria para sostener una PEF. Además nuestra región comparte retos como la opresión sistémica y desigualdad de género, la brecha entre las necesidades de las mujeres y las concepciones de seguridad de los Estados e interés nacional, así como la creciente polarización ante la protección de los derechos de las mujeres.
Sin embargo, considero que estos no son impedimentos de fondo. El potencial transformador de la PEF puede ser alcanzado si deconstruimos la manera en la que hacemos política. Por ello, mi propuesta se centra en la reestructuración de los marcos legales, la participación femenina en cargos y dependencias gubernamentales de forma inclusiva y colaborativa, y en un análisis crítico en la manera que se formula la seguridad. Es además clave considerar una perspectiva interseccional. Considero que de esta manera será posible impulsar la igualdad sustantiva y desarrollar una nueva forma de hacer política exterior en América Latina.
Feminista más allá del nombre
Las PEF en nuestra región deben considerar que enfrentamos un contexto con institucionalidad débil y falta de priorización y presupuesto dedicado a programas que atiendan la corrupción, violencia de género y la inestabilidad económica. Esto, a pesar de que el marco legal internacional exige la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal sobre todos los instrumentos y acciones de política pública, así como en las herramientas de medición.
Para hacer efectivo ese marco legal, es necesario emprender acciones hacia un acceso equitativo de recursos para las mujeres en puestos de toma de decisión, incluyendo en política exterior. Si bien las leyes cuota que buscan fortalecer la equidad de representación en cargos públicos han dado resultados positivos, también se han utilizado como fachadas de diversidad y participación femenina. Cuando esta participación no es acompañada de una asignación de recursos, el poder de decisión de estas mujeres queda limitado. En consecuencia, la medida falla en su objetivo y no avanza la lucha por nuestros derechos. La acción colectiva traducida a inclusión sistémica en cargos de autoridad ha mostrado resultados. Las alianzas para promover la igualdad de género con iniciativas regionales también suman esfuerzos a su implementación.
Por otra parte, es plausible observar que existen múltiples organizaciones nacionales que atienden temas de género. Si bien es un paso positivo hacia la transversalización, es importante que esto no implique un entorpecimiento de los procesos. Una PEF requiere de un programa de implementación integral democrático e inclusivo que coordinado por órgano especializado y con autonomía para su monitoreo.
Replantear la seguridad
La PEF mexicana tiene un problema de legitimidad que debe atenderse. México se pronuncia sobre la no militarización en foros internacionales, pero al mismo tiempo esta crece al interior del país. La reciente noticia sobre la aprobación de una reforma legislativa para transferir la Guardia Nacional, una fuerza de mando civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional representa un avance en la militarización de la seguridad pública. Esta es una contradicción insalvable que complica el desarrollo de las PEF y es una decisión antifeminista.
La militarización de la seguridad pública es una política antifeminista porque la seguridad de las mujeres se ve amenazada con la presencia de militares en las calles. De acuerdo con la organizacion de la sociedad civil Intersecta, el 20% de las mujeres que fueron arrestadas por la elementos de la marina fueron victimas de violencia sexual (una proporción cuatro veces mayor a la media nacional), mientras que aquellas que fueron detenidas por miembros del ejercito, reportan el doble de incidencia de este tipo de agresiones.
Otro tema que pone el foco sobre la seguridad de las mujeres es el de la migración. Al hablar de política exterior, es vital que se tengan siempre presentes en la agenda los ciclos de migración de mujeres y la protección de sus derechos durante todo el trayecto. El objetivo de estas políticas es aminorar los peligros a los que se pueden enfrentar. Cabe destacar que este grupo comprende más de 3 millones de mujeres tan solo en América Latina y el Caribe, donde se calcula que 6 de cada 10 mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual. Estos datos apuntan a la urgencia de replantear el concepto de seguridad desde el estado para que sea abordado como prioridad desde las PEF.
Las PEF como motores de cambio
La pandemia del Covid-19 evidenció la necesidad de transitar a una economía del cuidado, porque se intensificó la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado sobre las mujeres en hogares y el mercado. Tan solo en México representó el 26.3% del PIB nacional en 2021. Este deterioro de las condiciones que enfrentan las mujeres se suma al aumento de las cifras del trabajo informal así como de la brecha salarial por género. Estas injusticias pueden ser abordadas desde lo global a partir de propuestas para repensar y reconfigurar el sistema financiero internacional desde una perspectiva radical que ponga al centro a las personas que son vulnerables en la estructura actual.
En este respecto cabe destacar que la PEF de México tiene como objetivo orientar las acciones gubernamentales a reducir y eliminar las diferencias estructurales y sistémicas, así como las brechas y desigualdades de género con el fin de construir una sociedad más justa y próspera. En el quinto pilar se establece “Que todas las resoluciones, documentos, acuerdos y posicionamientos del Gobierno mexicano incluyan una perspectiva de derechos humanos, de género y de interseccionalidad”. Sin embargo, es de vital importancia que la PEF vaya más allá del discurso y tome en cuenta la interseccionalidad como herramienta para medir los privilegios y opresiones que limitan el acceso a oportunidades.
El concepto interseccionalidad fue acuñado por Kimberlé W. Crenshaw, una académica y escritora pionera en derechos civiles y teoría legal feminista negra. El concepto nos ayuda a reconocer las desigualdades sistémicas que ocurren a partir de la superposición de factores sociales, así como el género, la raza y la clase social, entre otros. De acuerdo a Alicia Bárcena, ex-Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la interseccionalidad “...implica la promoción del multilateralismo con el fin de abordar de forma coordinada los nudos estructurales de la desigualdad de género, aspecto clave para lograr una recuperación transformadora con igualdad”. Es por ello que las PEF de los gobiernos latinoamericanos deben integrar una perspectiva interseccional que considere las identidades para así fomentar acciones inclusivas.
Participación a través de las PEF
Para que una PEF pueda ser exitosa en América Latina, se necesita la activa rendición de cuentas por parte de las instituciones gubernamentales con herramientas de medición y seguimiento en colaboración con la sociedad civil en colectivo. Para esto, tenemos que exigir transparencia a nuestras autoridades y participar en los espacios de discusión para que de tal forma nuestra voz sea escuchada.
Este texto nace de la necesidad de visibilizar las desigualdades y falta de representación a las cuales se enfrentan las mujeres de la política exterior. Surge la inquietud de querer tomar cartas en el asunto y comprender las razones multifactoriales por las que no es fácil lograr una política exterior feminista exitosa. Esta inquietud nos ayuda a abrir espacios de diálogo. Mi objetivo es aportar al debate sobre cómo la reestructuración de los marcos legales, la inclusión y participación de mujeres en cargos y dependencias gubernamentales y la transformación de los entendimientos de seguridad son criterios relevantes para orientar las PEF en nuestra región.
Concluyo que la inclusión de las mujeres en la política exterior eventualmente se convierte en un punto de inflexión que trasciende positivamente en la vida de todos, todas y todes a través de una agenda que impulse un desarrollo equitativo. Finalmente, exhorto a todxs lxs lectores a movilizarnos y hacer uso de la capacidad de organización como sociedad civil para diseñar mecanismos que nos permitan exigir rendición de cuentas sobre las PEF en toda América Latina.
Cecilia Treviño es una feminista y activista, estudiante de sexto semestre de las Licencituras de Economía y Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Ha redactado textos para la Gaceta Económica y la revista ESPACIOS de GirlUp, y sus principales áreas de interés son la reducción de desigualdades, el cambio social y la libertad de expresión.
